Más que un sanandresito con playa

San Andrés está bonito. Desde la One Baptist Church en The Hill se ven los manglares que rodean las aguas azules de Hooker Bight, donde antes vertían las aguas putrefactas de la antigua termoeléctrica. Han cambiado muchas cosas. El paseo peatonal —en el mejor estilo Peñalosa: mucho cemento, pocos árboles— al menos acabó con el agite del tráfico y le trajo calma a una de las playas más lindas del mundo. Un nuevo hospital a punto de inaugurarse, una central termoeléctrica mucho más limpia, un nuevo relleno sanitario, recuperación de ecosistemas, programas de ecoturismo... nada que ver con esa San Andrés arrasada por los traquetos de Cali de la que hablaban los viajeros espantados en los años 90 y que me había impedido volver a la isla por miedo a ver destrozada la imagen mítica que guardaba desde 1976. Así que, al regresar después de 30 años, a comienzos de 2006, me alegraron estas obras y el aspecto general de la isla, aunque me quedó sonando la misma pregunta que me hago desde aquel lejano año, cuando leí San Andrés y Providencia: una geografía histórica de las islas colombianas del Mar Caribe occidental, de James Parsons y Marco Archibold Britto: ¿y la herencia cultural de los isleños, los verdaderos dueños del archipiélago, qué pitos toca en estos nuevos tiempos?

En el corazón de San Andrés (San Luis, The Hill, Sound Bay), donde viven los isleños raizales que conservan los rasgos culturales de los primeros habitantes, las cosas no lucen tan bonitas como en las vitrinas donde se exhiben perfumes, licores y electrodomésticos.

Ya en 1964, Parsons y Archibold advertían en su libro de los graves peligros que se cernían sobre las islas desde que en 1953 la dictadura de Rojas Pinilla estableció el puerto libre, que comenzó a desplazar a los isleños de sus territorios. Una situación que en los últimos tiempos se ha vuelto insostenible. Ya existen en San Andrés barrios subnormales, algo inimaginable cuando los sanandresanos manejaban su archipiélago con total autonomía y vivían de la agricultura y el comercio de esos productos con islas vecinas y Estados Unidos.

El drama de los raizales comenzó cuando el gobierno decidió imponerles a los isleños el catolicismo y el castellano a como diera lugar y les cambió los nombres a sus puntos geográficos. Por poner un ejemplo, en los mapas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Johnny Cay figura como Cayo Bolívar.

Se suponía que con la Constitución de 1991 los isleños gozarían de los mismos derechos que han recibido, al menos en el papel, los indígenas de Cauca, Amazonas, la Sierra Nevada de Santa Marta, que las comunidades afrodescendientes de Chocó y de los palenques, una minoría étnica y cultural. Sin embargo, la realidad es otra. Están sometidos a que desde Bogotá decidan por ellos. No cuentan con ningún tipo de jurisdicción que les permita, al menos en el papel, garantizar sus derechos culturales.

Los isleños se quejan de que no les dan trabajos dignos. Que pagan tarifas astronómicas por servicios públicos de pésima calidad. Que el IGAC actualiza los precios de sus predios para que, al no poder pagar los nuevos impuestos, se vean obligados a venderlos. Que la Oficina de Control de Circulación y Residencia (OCCRE) carece de mecanismos para expulsar de las islas a quienes se establecieron de manera ilegal.

Los más radicales consideran que, de acuerdo con la legislación internacional, son víctimas de un genocidio. "Cuando un Estado somete a una población minoritaria a condiciones de inferioridad que han de acarrear su destrucción parcial o total, se comete un genocidio". Y, por lo tanto, hablan de independizarse como única posibilidad de no desaparecer.

Pero la situación no es desesperada. Poco a poco ha comenzado a renacer el interés de los jóvenes por la música ancestral, el idioma inglés y el créoele, así como las distintas religiones protestantes se mantienen firmes. Ni siquiera los más radicales les tienen rabia a los colombianos continentales que viven en la isla. Están en contra de las políticas del Estado colombiano que desde 1953 los han sometido y llevado al extremo de sentirse una colonia y no un departamento. No creo que sea tan difícil llegar a un estado de cosas en el cual isleños raizales convivan con los dueños de los hoteles y los negocios. Basta con que se apliquen en serio las leyes de migración, que dejen de primar los intereses mezquinos de comerciantes, inversionistas y traquetos y, sobre todo, que los colombianos dejemos de ver a San Andrés como un lejano sanandresito con playa y aprendamos a respetar y apreciar los aportes de su cultura.



Nota: esta columna se basa en conversaciones sostenidas hace poco más de un mes con el reverendo Enrique Pusey Bent, el profesor universitario Oakley Forbes, Patricia Bowie Pomare, funcionaria de OCCRE, y el músico Leodan Grenard, del grupo Creole.