Aceptar el Ministerio de Justicia con menos de treinta años era cometer un suicidio político. Ser ex ministro a los treinta se paga caro en este país. Si era que allá se podía llegar, porque dos antecesores habían sido asesinados y un tercero había sufrido un atentado monstruoso del cual se había salvado de milagro. Pero si ello era consecuencia de haber sido el Presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Constituyente a los veintisiete, eso parecía más comprensible. Más aún, el liderazgo del movimiento estudiantil de la "Séptima Papeleta", después de los magnicidios de Galán, Jaramillo y Pizarro, nos había precipitado a poner la cara ante unos problemas que debía enfrentar esta generación, bien calificada como "de la media docena de violencias".

Para quienes veníamos del galanismo, la lucha contra el narcotráfico era un compromiso de vida. Por eso, votamos a favor de la extradición en la Constituyente, única página de esa Asamblea que quedó empañada por quienes hundieron esa herramienta que espantaba narcos. Y a partir de allí, nuestra obsesión fue cómo fortalecer la justicia contra el crimen organizado para concretar una gran reforma. Así nacieron la Fiscalía, la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura y la Defensoría del Pueblo, para no hablar de ese instrumento mágico de democratización de la justicia que se llama la tutela.

Los "quince minutos de fama" de Warhol materializaron una nueva Constitución y una justicia robustecida. Un golpe de astucia y suerte que ninguna otra generación en el último siglo podía mostrar. Pero alguien dijo que la política es la farándula de la gente fea, pero aún más dura y truculenta que la farándula misma. Por ello, la fama en política es una trampa que tiende la vida a quienes creen que pueden vivir de ella; pero sus victorias son efímeras.

La travesía de más de una década por el desierto ha sido llevadera. Porque, lejos de lo que se cree, hoy también es posible hacer patria y política con P mayúscula desde otras latitudes: con una ONG en Estocolmo, con unos parlamentarios en París, con unos jueces en Ámsterdam, con unos filántropos en Madrid, o con unos empresarios en Londres. Y todo esto es lo que me ha tocado hacer en los últimos años.

Renuncié al Ministerio de Justicia por la recomposición política que se produjo en el gobierno Gaviria después de las elecciones post-Constituyente, unas semanas antes de la fuga de Escobar. Nos tocó soportar con el gobierno de turno el debate que hizo en el Congreso un grupo de parlamentarios —encabezados por Fernando Botero Zea— que terminarían casi todos después condenados por enriquecimiento ilícito, gracias a su cercanía con los capos del Valle. Ellos redactarían códigos penales fieles a las directrices de los intereses de sus patrones.

Superados esos momentos, se abrió la oportunidad de realizar un doctorado en Gobierno en Harvard y a partir de allí me quedé en el plano internacional metido de cabeza en temas de justicia, gobernabilidad democrática y lucha contra la desigualdad. Siempre estuve convencido de la importancia de saltar de la política local a los escenarios de la política global.

Es extraño que algunos hoy vean con asombro que las realidades del mundo globalizado se metan al rancho de la política interna. Se les olvida que el cuentazo de la soberanía se quedó en los libros de Bodino. Apenas descubren que un fallo de la Corte Penal de La Haya, una decisión de la Comisión Europea en Bruselas o unas declaraciones de la señora Pelosi pesan más que los votos de los padres de la patria o una decisión del consejo de ministros. Ni Bush ni Putin, ni Sarkozy pueden hoy gobernar sin constatar cómo actores, hechos y decisiones a miles de kilómetros de distancia cambian en tiempo real sus coordenadas para gobernar. Las elecciones se ganan localmente, pero se debe gobernar globalmente.

Esta travesía siempre permite reflexionar sobre la realidad de nuestro país. Aquí, la habilidad del crimen organizado para reciclarse rebasa la capacidad del Estado para combatirlo. Un Estado que cual tigre de papel debía enfrentarse a los narcotraficantes más poderosos del mundo con un sistema penitenciario de juguete y un sistema judicial con pies de barro que solo ofrecía actos heroicos aislados, pero poca fuerza institucional. Un alcance ilimitado del brazo corruptor del narcotráfico que indicó lo difícil que era para el Estado ganar esa batalla, cuando los niveles de infiltración aún en las Fuerzas Armadas hoy siguen siendo aterradores. Por eso, Escobar fue eliminado, pero la capacidad de reciclaje de delincuentes a su imagen y semejanza —guerrilleros y paramilitares— ha sido el signo de los tiempos.

La gran paradoja de Colombia hoy es que no tiene Ministerio de Justicia cuando más lo necesita; porque la causa esencial de sus problemas globales tiene que ver con su incapacidad para demostrar que sí tiene instituciones fuertes para combatir la impunidad. Si esa plana la hacemos mal, va a ser corregida por quienes —más temprano que tarde— se nos van a meter al rancho a escarbar hasta en el último de los rincones. Porque la política es el arte del aprendizaje de la decepción y de la gestión del éxito o la frustración parcial; ya que el éxito absoluto o la frustración total en política no existen. Esa debe ser la razón por la cual una vez decretada la muerte en política, algunos poseen el don sobrenatural de resucitar...

Hoy vivo en París con mi esposa y mis hijas Laura, de tres años, y Natalia, de ocho meses. Me la paso metido en un avión al punto de que muchos creen que soy uno de los colombianos con más millas en sus tarjetas de viajero frecuente. Tengo varios millones de millas recorridas y todas gastadas. Soy el director adjunto de la oficina del BID en Europa. Coordino las relaciones de América Latina con diecisiete países europeos en temas de desarrollo, democracia y lucha contra la pobreza. Soy profesor del Instituto de Estudios Políticos de París y del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de la Presidencia de España en Madrid. He escrito más de diez libros en temas de democracia y reforma de la justicia.

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