Resulta que la única evidencia incriminatoria de la que se valen unos pocos jueces y fiscales argentinos es nuestra condición de ser “el hijo” y “La viuda de” para acusarnos de ser “colaboradores esenciales” de una supuesta operación “histórica” de lavado de dinero. El delito: haberle presentado a un exitoso abogado argentino, Mateo Corvo Dolcet, a un entonces reputado empresario colombiano a quien mi madre conoció en un evento público organizado por ella en el 2007 en Medellín luego de no haber pisado por 13 años Colombia. A esa ciudad había llegado en compañía del prestigioso Arq. Daniel Silberfaden, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos de Argentina, con el fin de atraer posibles inversionistas que pudieran interesarse en comprarle a ella el proyecto y terreno que la Suprema Corte de Justicia de ese país había ordenado devolverle después de una exhaustiva pericia contable. Se hicieron varios desayunos empresariales en un reconocido hotel de la ciudad, y asistieron arquitectos colombianos, empresarios de Camacol y constructores muy reconocidos y no se distinguía entre los asistentes el nombre de ningún narco. 

De hecho el Arq. Silberfaden y mi madre conocieron en ese evento a quien el diario El Espectador describió recientemente como un “…hombre que posó por más de tres décadas como uno de los ganaderos más prósperos del país” en referencia al Sr. José Bayron Piedrahíta Ceballos.

El juez Federal de Morón Néstor Barral, y los tres fiscales deliberadamente omiten hacer referencia a la contundencia de las pruebas que nos absuelven y alegan que debido a nuestro parentesco con Pablo Escobar, pareciera apenas lógico que nosotros sí teníamos que saber todo el pasado criminal de Piedrahita, algo que ni la DEA, la Fiscalía de Colombia o los medios de comunicación sabían.

La realidad es que Piedrahíta, hoy pedido por EE.UU. en extradición por sobornar a un agente federal, hasta el año 2018 no registra condena alguna en ningún país. Mi madre y yo quedamos atónitos, como así el actual gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien en declaraciones a Caracol Radio en diciembre del 2017 reconoció haber tenido dos reuniones con Piedrahíta durante sus campañas políticas. “El señor Pérez Gutiérrez argumentó que José Bayron Piedrahíta es un empresario reconocido en Antioquia: ´Creo que ustedes los periodistas lo conocen, lo conocen los otros empresarios´”.

A Piedrahíta lo conocí en Buenos Aires en el 2008, traía recortes de prensa del año 2007. Recuerdo que abrió un artículo y lo señaló, diciéndome: “Éste soy yo, y ésta que está acá es mi empresa”. En el suplemento aparecían las mejores empresas del departamento, entre las cuales se destacó a Subagauca, propiedad del Sr. Piedrahita como una de las más prósperas, innovadoras y pujantes de Antioquia.

El Senado de la República de Colombia hizo una “Mención de Reconocimiento al Frigorífico del Cauca” para “conmemorar” los diez años de vida de una de las tantas empresas del Sr. Piedrahíta. Así consta en su resolución Nº 135 del 23 de Febrero de 2009 donde hace una clara “exhaltación a la labor desarrollada en beneficio del sector pecuario del país” y destaca a “su equipo humano y especializado”.

Recién el 26 de septiembre de 2009, es decir más de un año después de que mi madre actuó como una legal comisonista inmobiliaria en el negocio que se le reprocha, el diario El Espectador arrojó primero elogios y luego sospechas sobre Subagauca S.A. “En diez años de actividad, Subagauca transformó el concepto de la subasta tradicional y hoy es líder en la comercialización de ganado. Sus logros económicos están debidamente acreditados”. Luego cuestionó la aparición de dos de los hermanos Ochoa Vásquez entre sus accionistas, Juan David y Jorge Luis quienes en el pasado se entregaron voluntariamente a la Justicia, confesaron sus crímenes, y entregaron bienes para la reparación de víctimas y pagaron la totalidad de sus sentencias. Los que ya han purgado sus condenas, pareciera ser que aunque las penas las hayan cumplido tras las rejas, en la calle el delito cometido jamás se olvida y siempre se permitirá tildar de “sospechosa” cualquier actividad que realice el condenado. Como si las penas no vencieran nunca y esas personas perdieran para siempre el derecho a trabajar.

Crecí entre narcos y bandidos, y por ello me considero con capacidad para reconocer de lejos a muchos. Pero el Piedrahita que yo conocí era un hombre diferente, de buenos modales, bien vestido con traje y corbata, sin nada ostentoso, andaba siempre con sus hijos y su esposa, sin guardaespaldas, pagaba con tarjetas de crédito a su nombre, no usaba efectivo, no daba propinas exageradas y hablaba de Dios.

Todas sus transacciones las hizo a nombre propio y ante notario Público fueron bancarizadas a través del Banco BNP Paribas, uno de los más prestigiosos de Europa, cumpliendo con todos los requisitos legales, fueron declarados todos sus movimientos a la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) al punto tal de que pasaron ¡diez años! y esas operaciones nunca fueron objetadas. ¿Cómo podríamos ayudarle a lavar a Piedrahita lo que ya formaba parte de los auditados circuitos financieros internacionales?

Piedrahita y sus empresas ingresaron el primero de septiembre de 2016 en la Lista Clinton. Recién ¡ocho años después! fue que este señor pasó a ser un sospechoso para la justicia norteamericana. Mi madre estaba habilitada legalmente en Argentina a través de Nexo Urbano S.A. para cobrar una comisión estándar de mercado del 4,5 por ciento al abogado Corvo quien le abonó de su propio dinero, no de Piedrahita, una comisión de 101.000 dólares que tardó hasta 3 años en pagarle a cuentagotas. Así lo ratificaron mi madre y el Sr. Corvo en sus respectivas declaraciones al juez de la causa.

Por eso firmé tranquilamente y en nombre de mi madre un recibo legal donde constaba toda la operación inmobiliaria y hasta el propio nombre del Sr. Piedrahita. Esa sería la aparente prueba reina en la que se basa el juez para procesarnos. Cuando en realidad es la que debería absolvernos además de una treintena de evidencias irrefutables que fueron total y deliberadamente ignoradas. Sinceramente puede creerse que yo siendo -como afirma el juez- “el hijo de”, ¿firmaría un recibo por una comisión inmobiliaria a sabiendas de que se trata de un dinero narco? Ni loco que estuviera. Y con todo gusto me someto a una pericia psiquiátrica. Justamente si firmé es porque ni mi madre ni yo, ¡ni Colombia entera teníamos la más mínima sospecha del hoy cuestionado empresario! Me acusan por no haber hecho un trabajo que debieron hacer los organismos de Inteligencia y de Policía. No somos cómplices de acto ilícito alguno.

Apenas en el 2016 fue que tomó estado público la investigación contra Piedrahita y desde el año 2009 no tuvimos más contacto con él. Las interceptaciones telefónicas, de correos electrónicos y mensajes, así lo demuestran. Mi madre le presentó a Corvo muchos otros reconocidos empresarios argentinos y fondos de inversión estadounidenses como lo afirmó el abogado en su testimonio ante la W Radio.

El periodista argentino Raúl Kollman escribió en el diario Página 12 una nota de opinión titulada “Una diablura en la causa del Café de los Angelitos” en la que resume lo siguiente:

• “Hubo una persona, de un total de 99, que invirtió una parte muy minoritaria en un proyecto inmobiliario. Y no fueron 15 millones de dólares sino menos de una quinta parte de esa cifra.

• La inversión se inscribió en los libros societarios y en la Inspección General de Justicia.

• Todo fue auditado por uno de los gigantes en la materia. *Más de la mitad de los fondos provinieron de un jugador de fútbol mundialmente conocido.

• La viuda y el hijo de Pablo Escobar no le compraron ni le vendieron nada al supuesto narcotraficante. Cobraron una comisión por la que firmaron un recibo, cuando pudieron haber ocultado su participación.

• Las operaciones se hicieron en 2008, ocho años antes de la existencia de un anuncio de la DEA de que está investigando al sujeto y cuando el supuesto ganadero viajaba por el mundo, entraba y salía de Colombia, con su propio nombre.

De este combo y siempre con la mirada puesta en congraciarse con Washington, (Patricia) Bullrich (Ministra de Seguridad) se despachó con que el gobierno descubrió una gigantesca operación vinculada al narcotráfico mundial. El condimento de meter a Chicho Serna y a la familia de Pablo Escobar resultaba apetecible para la difusión mediática y, sobre todo, para alinearse con Estados Unidos. Es parte del show para adular a las autoridades norteamericanas y mostrar que ella es la mejor alumna del grado.”

Para sumarle a este circo más shows, se me inventó un nuevo cargo por lavado de dinero, según el juez porque mi madre me hizo una donación perfectamente bancarizada, declarada ante notario, y con un sólido soporte de la proveniencia lícita de los fondos por escritura pública. Así fue que ella pudo regalarme un apartamento de 100 metros cuadrados que me quieren decomisar injustamente. La fiscalía ve como “sospechoso” que una madre le regale dinero declarado a un hijo para que se compre su primera vivienda a 20 años de un exilio interminable. En Buenos Aires, el 90 por ciento de los actos notariales de las familias porteñas, son donaciones idénticas entre padres e hijos, pero sólo se cuestiona las de la familia de Pablo Escobar y se la carga de sospechas en un acto que es absolutamente legal y común. El apartamento está a mi nombre porque me encuentro en perfectas condiciones de justificar cómo y cuando lo compré. Pero el juez se negó a preguntarle a mi banco sobre mi proceder, porque sabe que si lo hace, se les termina el show que armaron.

A principios del 2018 me declaré culpable ante el juez del delito de ser “el hijo de” Pablo Escobar. Mi madre se confesó ante el mismo funcionario por algo que es aún más terrible: ser “la viuda de”. Y con un serio agravante para ambos: ser colombianos, lo que pareciera ser suficiente evidencia de que estamos obligados a conocer el nombre y apellido de todos los narcos de Colombia, de todas las épocas, sin excepciones. Eso quiere decir que si por ejemplo mi padre hubiera sido un médico, entonces la viuda y su huérfano obligatoriamente deberíamos conocer a todos los médicos del país. Y si ambos fuéramos incapaces de recitar de memoria todos los nombres de esos “doctores”, podríamos ir a la cárcel hasta por 10 años. Exactamente eso nos están queriendo hacer a nosotros.

Sé que perdí para siempre el derecho a enojarme. Hoy por enésima vez la vida me pone a prueba, a elegir entre el derecho a declarar públicamente mi indignación o el deber de resignarme y simplemente sentarme a no hacer nada y aceptar que sufriré eternamente este mismo bullying judicial y mediático que ya desde niño comenzó a acecharme, como consecuencia de los crímenes que mi padre cometió. Yo no me siento para nada orgulloso de ello. Pero no encuentro razón válida para aceptar el yugo que se auto impone nuestra sociedad, validando unas enseñanzas de la cultura Judeo Cristiana con esta especie de dogma atroz de que los hijos sí estamos obligados a heredar los pecados de los padres; como si se tratase de algo “natural” que debemos aceptar y peor aún ¡entender!

¿De qué va esta persecución interminable? ¿Es en serio que nos puede reprochar el derecho de haber elegido un buen camino?

Lamento mucho haber desilusionado a quienes pretenden con sus afrentas sacar lo peor de mí como ser humano. No puedo concederles ese gusto porque como padre amoroso y responsable que soy, elegí traer a un hijo a este mundo bajo la promesa absoluta de que no heredará de mí pasado criminal alguno. No me convertiré en el Pablo Escobar que no cesan de invocar algunos funcionarios.

Nuestro procesamiento ya estaba escrito con anterioridad a nuestra indagatoria. ¡No se nos concedió ni una sola medida de prueba! Sencillamente porque saben que su resultado no les habría dejado otra salida que la absolución inmediata con las consecuencias políticas de por medio.

Una innarrable desazón que sentí cuando mi abogado me dijo que en 25 años de ejercicio profesional jamás había leído un auto de procesamiento tan violatorio de los Derechos Humanos más básicos y fundamentales.

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