La subteniente Jéssica Molina Figueroa —piel morena, 23 años, pelo largo recogido en una coleta— se baja el visor protector, agarra el detector de metales con la mano derecha y sobrepasa la franja de cintas amarillas que delimita la zona. Está en terreno minado. En el sendero la esperamos el resto del equipo. Varios metros más allá nos vigila un anillo de seguridad conformado por una decena de soldados armados.

Aunque hoy la zona es tranquila y el desminado se hace, según me explican, en lugares donde ya no hay combates, nunca se sabe. Y menos en este país. Molina comienza a caminar despacio, calculando cada paso; desminar es una labor que requiere de infinita paciencia: no solo hay que tener afinados los cinco sentidos, sino que cuando se detecta un elemento extraño —además de las minas antipersona (MAP), también puede haber regadas municiones sin explotar (Muse), como granadas o morteros—, se debe realizar un minucioso procedimiento que sigue los Estándares Internacionales para la Acción contra Minas (Imas, por su sigla en inglés) y también, los trazados por la ONU.

Apenas un poco más allá, la subteniente identifica un pedazo de terreno en el que hay sospecha. Con cuidado y en absoluto silencio, se arrodilla, marca la zona con un espray rojo y, usando un palo del mismo color, se asegura de que no haya algún cable de contención que active la posible mina. Luego, saca unas tijeras para despejar la maleza que ha crecido alrededor y comienza a cavar la tierra con una palita pequeña.

Solo entonces pienso que lo más difícil de este trabajo es lidiar con el miedo.

Coloridos letreros como este advierten a la población que no ingreses al terreno sembrado de minas antipersona. 

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Después de las 6:00 de la mañana, la neblina comienza a despejarse en el campamento que el Batallón de Desminado n.º 60 Coronel Gabino Gutiérrez tiene instalado en la vereda Yarumalito de Samaná, en el oriente de Caldas. Mientras algunos soldados se bañan en las duchas que están en la parte alta —un piso de tablas tapado por plásticos negros con tres tubos de PVC en el techo—, el resto desayuna calentado, arepa y una taza de chocolate caliente en uno de los dos comedores construidos entre las carpas. El ambiente es tranquilo, más bien festivo: los soldados se hacen chistes entre ellos, como si se les olvidara que apenas unos minutos más tarde saldrán a arriesgar su vida en busca de los cientos de minas antipersona que aún están instaladas en la zona, antiguo fortín del frente 47 de las Farc, liderado por Elda Neyis Mosquera, alias “Karina”, quien luego de años de sembrar el terror y disputarse el terreno a sangre y fuego con el Ejército y los paramilitares, acabó entregándose en mayo de 2008.

El campamento es un conjunto de carpas verdes y negras construidas en medio de un cafetal por donde circulan libres gallinas, pollos y tres perros que acompañan a los militares instalados allí desde hace poco más de un año. Aunque está rodeado de una cadena de montañas que se pierden en el horizonte y se la pasa cubierto por una neblina espesa, tiene una cantidad de comodidades que hace apenas unos años serían impensables en una zona como esa: televisión satelital, luz eléctrica, duchas de agua limpia y una tienda donde un soldado recio y sin pelo, de apellido Flórez, vende desde hamburguesas hasta jugos naturales que él mismo prepara en una licuadora.

El equipo que usa para despejar la zona incluye palines, espátulas, brochas y tijeras.

A las 6:30 de la mañana, las 16 mujeres que hacen parte de la Brigada de Desminado Humanitario del Ejército están listas para unirse a los soldados. El grupo pertenece a la primera cuadrilla femenina, inaugurada en agosto por Juan Manuel Santos y que aspira a convertirse, según el presidente, en “la brigada más importante dedicada al desminado en todo el planeta”. Al frente está la capitana Ángela Marcela Ospina Montealegre, de 34 años, una mujer esbelta de rasgos prominentes que lleva 17 años en el Ejército y que resultaría difícil asociar a su trabajo de no ser porque lleva puesto el uniforme azul que distingue a la brigada.

Antes de las 7:00 de la mañana nos ponemos en marcha. Habíamos llegado al campamento al final de la tarde anterior, acompañando a la brigada, poco antes de que una noche pesada y sin estrellas cayera sobre las carpas. Para llegar al lugar viajamos desde el casco urbano de Samaná hacia la vereda Yarumalito, ubicada a una hora mal contada por una carretera serpenteante y sin asfalto, y tan angosta que solo tiene espacio para un carro. Completamos el recorrido con una caminata de 30 minutos a través de una montaña escarpada. A las 6:45 de la tarde ya parecía medianoche; las nubes seguían tapando las montañas y solo se oía el sonido de los grillos. “Menos mal no va a llover hoy —nos dijo un soldado con sonrisa burlona—. Una tormenta aquí se mueve bueno”. Nos acomodamos en una carpa dotada con un par de catres cómodos, una mesita de noche con linterna y un bombillo pegado al costado.

La mañana siguiente, con las nubes aún metidas en la montaña, comenzamos a escalar en busca de la zona que el Ejército ya había identificado y que aún hoy permanece contaminada con minas antipersona (y que ellos llaman “área confirmada”). Decir que no se siente miedo sería mentir. Pensar que por esos mismos sitios, apenas unos años atrás, la guerrilla sembró cientos de minas que en todo el país han cobrado la vida de casi 12.000 personas, entre civiles y militares, hace que uno piense siempre lo peor. Es inevitable. Pese a que el trabajo del desminado es riguroso y no da espacio para el error (“Equivocarse aquí nos cuesta la vida”, nos dirá más tarde la subteniente Molina, de hablar suave y maneras delicadas), es casi imposible asegurar que un territorio ha quedado completamente desminado. El Ejército lo sabe y, por eso, se cuida al decir que los municipios entregados hasta ahora (ocho en total en Antioquia, Meta, Bolívar y Santander) están “libres de sospecha de mina”. Sospecha: esa es la palabra clave.

Cuando se identifica una posible amenaza de mina, la subteniente delimita la zona. Acá verifica que no haya un cable de contención que la active.

Quince minutos después llegamos a un potrero delimitado por cintas amarillas que dicen “Peligro, no pase”. Al costado hay un letrero rojo intenso en el que sobresale la figura de una calavera atravesada por dos huesos para advertirles a los posibles transeúntes que se mantengan alejados. De ahí para allá —dice el Ejército— el estrecho camino que demarcan las cintas es seguro, mientras que lo demás está sembrado de minas. Lo anterior lo saben porque un equipo de soldados encargado de la fase de estudios técnicos ha recorrido previamente la zona equipado con varios detectores de metales para despejar cualquier asomo de duda. Lo que sigue siendo un misterio es cuántas minas quedan todavía pese a que, desde que empezó a hacerse el desminado, a finales de 2010, casi el 80 % de las 179 veredas del municipio están libres de sospecha y se han despejado casi 500.000 metros de tierra.

—Vamos —dice la capitana Ospina.

Y así, sin más, comienzan a caminar hacia el terreno minado.

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El 22 de julio de 2006, Didier Julián Hincapié Cifuentes, de 15 años, salió de su finca para ayudar en los arreglos del acueducto de la vereda. Apenas había avanzado unos metros montaña arriba cuando una mina que pisó lo levantó por los aires. Lo trasladaron malherido al centro de salud de Samaná, y horas después, al Hospital Infantil de Manizales, donde los médicos le dijeron a su madre, doña Rociber Cifuentes Carvajal, que solo un milagro podía salvarlo: la mina lo había reventado por dentro.

La subteniente, justo antes de cruzar la cinta amarilla que separa el terreno seguro del minado.

“Yo estuve una semana con él en cuidados intensivos —recuerda doña Rociber, una mujer trigueña, de estatura media, que habla con un marcado acento paisa—. Tenía la espalda llena de llagas y sufría unas fiebres terribles que le bajaban con hielo. El dolor era tan fuerte que había que amarrarlo a la cama. Él me decía que quería irse para la casa y yo solo alcanzaba a responderle que aguantara. Hasta que le dio un paro y se me murió”.

Doña Rociber se queda en silencio, y yo no atino a preguntarle más. Esa es, tal vez, la peor parte de esta guerra: cuando se ensaña con la gente que no tiene nada que ver con ella. Estamos a poco más de media hora de Samaná, en medio del campo donde vive con su esposo y sus demás hijos, justo antes de empezar a subir la montaña que nos llevará al campamento. El silencio de la tarde solo es interrumpido por unos niños que juegan fútbol, indiferentes a la historia de violencia que marcó a este territorio caldense por años y que, según datos del Centro de Memoria Histórica, soportó seis masacres entre 1990 y 2004 y sufrió el desplazamiento hacia el casco urbano de casi el 90 % de la población rural. Doña Rociber lo vivió en 2005, cuando junto a su marido la obligaron a salir de su casa. Un año después regresaron y vino la desgracia.

“Todavía hoy mi marido no es capaz de hablar del tema —concluye—. Siempre llora. Con el tiempo uno aprende a sobrellevar el dolor, pero la verdad es que siempre está ahí. Día y noche”.

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La capitana Ángela Marcela Opsina, de 34 años, está al frente de la recién inaugurada Brigada de Desminado Humanitario.

El despeje, como se le denomina al hecho de destruir la mina antipersona, es en realidad la tercera y última fase de un proceso que comienza con mucho tiempo de antelación. La primera, denominada de “estudios no técnicos”, consiste en la recolección de información con la comunidad y constituye una de las partes más importantes del desminado: son los habitantes del lugar los únicos que pueden decirle al Ejército cuáles son las zonas afectadas que pueden tener sospecha de minas.

“Nosotras vamos con el fin de socializarles los procedimientos para que ellos nos den una luz —cuenta la teniente Claudia Viviana Parra, de 24 años, delgada y de ojos claros—. Lo que hacemos primero es romper el hielo, porque sabemos que hay lugares donde históricamente la comunidad es reacia al Ejército”. Por eso no es fortuito que sean mujeres las escogidas para esa labor: la gente en los pueblos —me cuentan— baja la guardia y está más dispuesta a hablar cuando tiene al frente a una joven simpática que va sin uniforme camuflado.

La segunda fase, denominada “estudio técnico”, consiste en intervenir el área, delimitarla y evitar que la gente la transite. Luego viene la etapa de despeje, en la que se ubica la mina, se desentierra y es detonada por un experto antiexplosivos. Hasta la fecha, según datos de la Dirección contra Minas de la Presidencia, ha habido 11.460 víctimas de minas en el país, 7000 de ellas militares. Además, se han despejado más de 2.600.000 metros cuadrados de territorio —poco más de tres veces la extensión del municipio de Samaná— y destruido más de 5000 minas de todo tipo. El objetivo del gobierno es que para 2021 Colombia, el segundo país más minado del mundo después de Afganistán, esté libre de minas.

El soldado Flórez, que se encarga de la tienda, abastece a los soldados y a las brigadas que llegan al campamento.

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La mejor forma de mantener a raya la incertidumbre se llama Dios, y eso es algo que saben bien las mujeres de esta brigada. La capitana Ángela Cardona es madre de una pequeña niña que ya se habituó a verla salir a las misiones. La costumbre también aplaca al miedo. “El riesgo es para cualquiera dentro del Ejército, pero en el mismo momento que uno se pone el camuflado, la satisfacción de servir te quita el temor. Es más: te da coraje y fortalece el temperamento. ¿Que da miedo a veces? Claro. Nos puede pasar cualquier cosa, pero creo que la tranquilidad nos la da Dios”, dice.

Y aunque seguir el protocolo hace que el riesgo sea mínimo, al final resulta imposible estar completamente seguro. La comunidad puede fallar. Los cálculos a la hora de la manipulación de la mina pueden fracasar. El peligro siempre está ahí.

La noche anterior al desminado, mientras nos tomábamos un tinto con panela en el comedor, un soldado se hizo a un lado y sacó su celular. No pude evitar escuchar. “¿Cómo hace el elefante, mi amor?”, le preguntaba a su pequeña hija, quien, desde la comodidad de la ciudad, seguramente se alistaba para ir a la cama. “Ya casi voy para que estemos juntos”, remarcaba con voz dulce para que ella se fuera a dormir tranquila, sin pensar que al día siguiente su padre estaría, otra vez, jugándose la vida.

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Los primeros registros del uso de minas antipersona se remontan a la Primera Guerra Mundial, cuando, según la Unicef, “soldados alemanes enterraban casquetes de artillería rellenos de pólvora o dinamita con un detonador a ras de tierra para detener el avance de tanques franceses y británicos”. Desde entonces, el uso de esta arma se propagó por el mundo, y se calcula que en la actualidad hay minas sembradas en más de 60 países. Según la Cruz Roja, existen muchísimos tipos, “desde el artefacto más rudimentario, a veces de fabricación artesanal, hasta el modelo más complejo con dispositivos electrónicos de temporización, montaje y encendido”.

Y ese, precisamente, es el problema de Colombia: que muchas de las minas sembradas y fabricadas aquí son rudimentarias. La guerrilla llegaba incluso a llenarlas de puntillas y mierda seca para que las esquirlas hicieran el mayor daño posible a sus víctimas. Durante los peores años del conflicto, las minas antipersona se convirtieron en la manera más efectiva que encontraron las Farc para defenderse del Ejército; fueron, en palabras de Iván Márquez, uno de los miembros del Secretariado, “una forma de respuesta de las organizaciones populares a un ejército superior en fuerza”.

Parte del equipo de trabajo. De izquierda a derecha: Angélica Gélvez, psicóloga; la subteniente Jéssica Molina; Sandra Campo, encargada de comunicaciones; la capitana Ángela Ospina; Maritza Cuenca, abogada, y la teniente Claudia Viviana Parra. Las que visten de café se encargan de recoger información con la comunidad.

Por eso, esa mañana la brigada de desminado hace su labor con una precisión milimétrica. Cada paso es calculado; cada movimiento tiene un sentido. La subteniente Molina descarta, al fin, la presencia de una mina, pero el trabajo de la brigada continúa. Un par de horas más tarde, cuando enfilamos camino abajo, la neblina ha vuelto a instalarse en las copas de las montañas. Hacemos la maleta y nos despedimos de los soldados, que continuarán haciendo ese trabajo silencioso, a diario, sin descanso. El miedo, vuelvo a pensar. Y entonces recuerdo las palabras que la noche anterior me dijo la subteniente Molina: “No hay nada más bonito que acercarse a una comunidad y verles en la cara ese cambio de tristeza a esperanza, de que muy pronto ese terreno que tienen abandonado lo podrán recuperar para cultivar su café y ser productivos. Eso es realmente gratificante”.

Y eso es lo que los mueve.

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