El 24 de septiembre me di cuenta de que Luis Santiago, el hijo de Ivonne Lozano y Orlando Pelayo, había sido secuestrado. Inmediatamente empezaron a darse las marchas de protesta en las que se veía al padre lamentando su desaparición. Gracias a la presión mediática, la Policía aceleró las investigaciones para dar con el paradero del menor de edad. Así fue como dos hampones —inicialmente contactados por Pelayo para que secuestraran a su hijo— acudieron a la justicia para delatarlo, aprovechando que ellos se habían negado a hacerlo.

La Policía siguió investigando, interrogó cinco veces a Pelayo, quien se había mostrado muy puntual y colaborador. Cuando los cuestionarios se volvieron más incisivos, él pidió un abogado para confesar. Como era medianoche y no había uno, me llamaron por ser muy cercano a la Policía, ya que mi esposa es coronel. En ese momento sabía que se trataba del caso de Luis Santiago, pero como su padre aún estaba en libertad, nada estaba escrito.

Cuando lo entrevisté le dije que confesar el secuestro de su hijo sería autoincriminarse. Le expliqué que la autoincriminación es como una colaboración con la justicia que sirve para buscar ciertos beneficios, pero que por tratarse de un crimen contra un menor de edad los perdería automáticamente. Entonces me confesó que les había pagado 500.000 pesos a los señores Jorge Ovalle y Martha Lucía Garzón para que lo secuestraran porque, según él, Luís Santiago había deteriorado su relación con Ivonne Lozano, y por eso lo veía como un obstáculo.

Me molesté porque lo dijo de manera frívola y calculadora. Le recomendé que le pidiera perdón a la sociedad. Pero a esas alturas lo único que me importaba era la suerte de Luis Santiago. Por dentro sentía que estaba vivo. Le pregunté si estaba muerto, y me dijo que sí. Le volví a insistir y me respondió lo mismo. De todos modos, hasta el fiscal guardaba las esperanzas de que siguiera vivo, porque tanto él como yo pensábamos que un padre, por más malo que fuera, sería incapaz de asesinar a su propio hijo. Además, sin cadáver no se podía oficializar su muerte.

En medio de la incertidumbre, el 27 de septiembre se dieron las audiencias de formulación donde Pelayo aceptó los cargos por recomendación mía. Hasta ese momento, su imputación era la de secuestro simple. Una vez le dictan medida de aseguramiento por secuestro simple agravado por vínculos sanguíneos, Pelayo da las coordenadas de donde estaba el cuerpo. Como en esa búsqueda no encuentran nada, Pelayo dio otras coordenadas donde finalmente apareció el cadáver de Luis Santiago.

Ahí renuncié. Sentí un inmenso dolor porque soy padre de familia y porque antes de ser abogado soy un ser humano al que le duelen los delitos atroces. Recibí mensajes de apoyo que aplaudían mi determinación. Otros colegas también me felicitaron y solamente una abogada me recriminó por abandonar el caso. Ante eso debo decir que dentro del ámbito jurídico, uno puede tomar un caso y, según las circunstancias, abandonarlo también.

Si inicialmente lo defendí fue porque se debe tener la madurez para defender los mínimos derechos de una persona, como velar por un juicio justo, que las autoridades no abusen o maltraten a un inculpado y que lo que tenga para decir lo diga en un marco legal. Así las cosas, lo que hice fue garantizarle al señor Pelayo sus derechos fundamentales.

Casualmente el año pasado defendí a una pareja acusada de asesinar a su hija. Ellos me contrataron aduciendo su inocencia y pude demostrar que lo eran. Luego, el fiscal apeló la medida y el proceso entró a casación, un recurso que es revisado por un tribunal cuando existen dudas sobre un caso. Otro abogado lo retomó porque el procedimiento así lo exige y todo parece indicar que son culpables. Si se volviera a presentar un caso similar a cualquiera de estos dos, no sabría qué hacer; cada uno es único y tiene sus propias aristas.

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