En estos momentos se discute, en el Pen Club de Colombia, si debemos apoyar una campaña internacional para abolir las leyes de injuria, calumnia y difamación. Hay dentro del Pen posiciones encontradas. Esta es la mía:
 

Las leyes contra injuria, calumnia y difamación son un arma deletérea en manos de cualquier gobierno y de cualquier religión. La usan incluso los políticos en Colombia para coartar o impedir del todo las denuncias que se hacen contra ellos en las noticias de los periódicos y en las columnas de opinión. Aunque a la larga pierdan los pleitos, los políticos saben lo que a los periodistas (generalmente con menos recursos económicos que ellos) nos cuesta en viajes, papeleos y abogados una defensa en demanda por calumnia. Con esa arma, que viven usando, nos amedrentan a la hora de escribir, con lo que favorecen la autocensura. Yo he estado en estos pleitos, y me han costado millones, simplemente para demostrar que el señor X sí era aparentemente un machista, tal como yo lo afirmaba.

 
Es mucho mejor, en este sentido, la legislación de Estados Unidos: allá a ningún periodista lo pueden demandar por calumnia e injuria si publica en la prensa algo injurioso sobre un servidor o sobre un personaje público. Ese delito no existe. Todo el mundo tiene derecho a decir y escribir lo que le dé la gana, así sean insultos evidentes. Y es mejor así, para cortar por lo sano, pues en general cuando hay un gobierno fuerte, o un régimen confesional, estos son los que definen qué es la verdad, y por lo tanto, qué constituye una calumnia o una difamación. Los casos de Turquía y Venezuela, muy recientes, son muestras claras de cómo gobiernos casi o totalmente autoritarios usan esas leyes para acallar a la oposición. Ni se diga lo que pasa en los regímenes islámicos si uno se atreve a decir algo en contra de Mahoma. O se llega a casos contrarios muy curiosos: un ciudadano italiano demandó al Osservatore Romano por publicar cosas falsas sobre Jesús: ¿dónde está demostrado que éste realmente resucitó? Eso es una infamia, según este ciudadano, y el periódico vaticano debería rectificar o pagar al menos una indemnización.

 
Y es que definir la verdad es muy difícil. Si yo sostengo en una columna que Andrés Hoyos es un bobo y un antipático, ¿cómo hacemos para resolver si lo estoy injuriando y calumniando? ¿Lo sometemos a un test de inteligencia, manda un certificado de su IQ, o va a un centro psiquiátrico para que haga exámenes de simpatía? Si el examen resulta positivo, me puede demandar por calumna e injuria; si le va mal en el test, solo por injuria.

 
Sí, creo que uno puede publicar sin pruebas lo que quiera, por ejemplo que Cecilia Balcázar tiene la intención secreta de matar a sus nietecitos. Lo que pasa es que el castigo para quien escriba esta imbecilidad es un castigo que le darán los lectores, y las refutaciones, y las protestas. Pero esta será una refutación intelectual, una lucha entre verdades contrapuestas, un enfrentamiento entre argumentos más o menos válidos, y no una disputa legal en la que, cuando están los gobiernos, las religiones y el Poder de por medio, estos siempre llevan las de ganar. Así que estoy de acuerdo con que se pida, en el mundo entero, la abolición de absolutamente toda la legislación sobre injuria, calumnia o difamación.

 
Hay que tener el coraje de apoyar la plena libertad de expresión, aun con el riesgo de que nos calumnien e injurien, cosa que irremediablemente ocurrirá tarde o temprano, en público o en privado.  Otra cosa son los actos, contra los cuales sí se debe legislar, pero la palabra tiene que ser libre, completamente libre, para que podamos, desde la partida, tener la serenidad de pensar con libertad y opinar abiertamente. De lo contrario, somos cómplices de la terrible estrategia del miedo.


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