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8 de octubre de 2006

De Andrés Hoyos y Enrique Santos Molano

Por: Héctor Abad

De la discusión que se está dando en el Pen Club colombiano sobre las leyes de injuria y difamación en el mundo, sobre lo cual escribí en mi última entrada del blog, ha habido un par de opiniones muy interesantes de Andrés Hoyos y Enrique Santos Molano. Las reproduzco a continuación y otro día escribo mi respuesta.
 

De Andrés Hoyos:
 

“Me parece muy interesante y necesario el debate.

Yo estaría de acuerdo con un régimen muy liberal que excluyera cualquier forma de castigo sobre todo lo referente a injuria o “insulto”, es decir lo que tenga que ver con si la persona criticada es inteligente, estúpida, bonita, gorda, fea, fanática, rezandera, fascista, estalinista, machista, homosexual e intelectualmente deshonesta. Nada de eso debe ser penalizado y mucho menos puede ser objeto de una legislación de excepción.
 
Pero, remitiéndonos a Colombia y para dar un ejemplo, si alguien cae en desgracia con alguien y este último sale a decir por la radio que vio a su enemigo dándole plata a Mancuso o a Jojoy o pagando para que asesinaran a otro, pues hay un salto cualitativo. Una calumnia como ésa, que el acusador no sea capaz de demostrar, debe ser punible. El texto, según leí, hablaba de abolir toda forma de castigo por difamación e injuria. Mi opinión, en tal caso, es que es exagerado abolir toda forma de castigo por difamación e injuria.

 
El punto filosófico que me interesa, sin embargo, es otro: las instituciones liberales que debemos implantar no tienen por qué tener en cuenta de manera obsesiva nuestras precariedades, ni para arriba ni para abajo. La sociedad debe alcanzar a sus instituciones, y no las instituciones hacerse como si el país fuera menor de edad. No se vale tener una ley súper punitiva que nos defienda del “libertinaje”, porque somos un país menor de edad y nuestra “adolescente” ciudadanía va a abusar de sus derechos, ni se vale otra que presuma que vivimos en Jauja y que no hay que castigar nada porque, como vivimos en una sociedad menor de edad, el gobierno y los poderosos abusarán.”

 
Sobre la legislación gringa manda Andrés Hoyos este enlace:
 

https://law.enotes.com/everyday-law-encyclopedia/libel-and-slander

 
Más de Andrés Hoyos:
 

“La noción de que no debe existir ninguna restricción legal a la libertad de expresión halaga el sentimiento romántico, y por eso mismo no dudo que resulte muy popular en un ambiente de escritores, pero en el mundo real hay “locos” de los que menciona Enrique Santos Molano y los hay para dar y convidar. Para la muestra basta con sintonizar un noticiero de televisión o leer un periódico.

 
Ahora bien, si la idea es convertir el castigo por injuria y calumnia en una sanción civil y pecuniaria, yo tendería a estar de acuerdo. Insisto en que la abolición total de cualquier sanción es utópica e inconveniente. ¿Por qué? Porque se multiplicarían los “locos”. El régimen quizá más permisivo de todos, el norteamericano que surgió tras la Primera Enmienda de la Constitución, ha sido delimitado y en Estados Unidos son frecuentes las demandas por injuria y calumnia. Eso sí, la gente no va a la cárcel, sino que debe pagar, en ocasiones, altas sumas de dinero.

 
Igual de importante es establecer qué constituye injuria y calumnia, y qué no, porque las tendencias recientes más preocupantes son las que quieren ampliar la definición. Yo creo que en esta materia se debe recurrir a la vieja definición liberal sobre los derechos, según la cual mi derecho incluye todo aquello que no hace daño claro o que no amenaza con hacer daño claro a otra persona. Así, criminalizar el suicidio es incompatible con esta idea, puesto que al intentar suicidarme yo sólo me hago daño claro a mí mismo. Lo mismo vale para el consumo de psicotrópicos, de tabaco o de alcohol, aunque no para el “derecho” de manejar un carro en estado de embriaguez, así no se produzca ningún accidente.

 
La legislación sobre injuria y calumnia sólo se debe involucrar con el tema de la verdad de las afirmaciones que unas personas hacen sobre otras. Más complicado resulta el tema de la burla de una figura sagrada o de un dirigente político. ¿Injurió o calumnió a alguien Salman Rushdie cuando escribió Los versos satánicos? Yo creo que no. Por lo general una burla es una opinión elaborada y como tal su verdad o su falsedad son indemostrables. De ahí que al denigrar yo de Mahoma o de Jesucristo esté expresando una opinión, no susceptible de ser injuria o calumnia. Antes al contrario, al querer impedirme que me burle, el creyente está infringiendo mi derecho. Pasaría igual con un ataque a un gobernante que lo califique de autoritario, de fascista o de irresponsable. Estas palabras no tienen una definición cierta y única, de modo que no podrían hacer parte de la legislación que sanciona injuria y calumnia. Distinto será cuando alguien acuse a un alcalde de haberse robado la plata de la lotería. En ese caso el acusador deberá tener pruebas, so pena de incurrir en una sanción civil y pecuniaria."
 
De Enrique Santos Molano:
 

“La libertad de expresión es un derecho inherente al ser humano, sobre el cual no puede admitirse que pesen restricciones de tipo legal, mucho menos penal, y muchísimo menos extralegal, como es el caso de las desapariciones, las amenazas y los asesinatos a quienes, en su calidad de escritores y de periodistas, ejercen el deber de denunciar y criticar. Hoy, por ejemplo, en su apartamento de Moscú, fue asesinada a tiros la periodista Ana Politkovskaya, que venía denunciando los actos dictatoriales del señor Putin y pidiendo la abolición de la censura. Ana Politkovskaya había ganado en el 2002 un Premio como defensora de la Libertad de Expresión y desde entonces las amenazas contra su vida fueron constantes. Se le instó para que abandonara Moscú, pero respondió "No puedo dejar un puesto de peligro cuando hay otros que han muerto por mí", en alusión al asesinato de varias personas que le habían suministrado informes incómodos para Putin. Hoy se cumplieron las amenazas.

 
Porque a algún idiota se le ocurra hablar por la radio para lanzar acusaciones temerarias contra alguien, no podemos pedir leyes penales que sometan la libertad de expresión a una acción legal intimidatoria. Se cae de su peso que a quienes ejercen como escritores y como periodistas les asiste una formación intelectual que les permite entender que el uso de armas perniciosas e innobles como la difamación o la injuria le hace más daño al calumniador que al calumniado y que el gremio de escritores y de periodistas no va a correr el tonto y peligroso albur de que el público lo identifique como sinónimo de calumnia y difamación. Los que injurian y difaman son una excepción y es al propio gremio intelectual al que le corresponde --y no a las leyes-- imponer una sanción para quien deshonre su oficio. La abolición de las leyes contra injuria y difamación, y de las famosas leyes de "desacato", que son una forma velada pero no menos efectiva de censura, es imperativa si queremos tener una democracia de verdad y operante. También fue Antonio Nariño quien dijo: "Mientras más impunemente se me diga que soy tirano, menos lo soy".

 
El debate, precisamente, es la contra al veneno de la difamación y la calumnia. Si alguien se siente injuriado o calumniado, debe tener la garantía de que se le brindará el mismo espacio para responder, desvirtuar y aplastar a su calumniador. En eso consiste la libertad. Las leyes penales contra la difamación y la injuria, o hechas para proteger la honra ajena, son como el lobo al que se introduce en el corral para que ampare la integridad de las ovejas.

 
Adjunto un enlace que da cuenta de las acciones efectuadas en distintas partes del mundo en los últimos dos años para obtener la derogación de dichas leyes penales y de las leyes de desacato."
 

https://www.ifex.org/es/content/view/archivefeatures/909/