El imaginario jurídico

Hace unos pocos días me encontré en un TransMilenio con el biólogo y ecólogo Germán Andrade. Mientras hablábamos de cómo se debía abordar el tema del medio ambiente y en la necesidad de encontrar un nuevo discurso soltó una de sus frases, que tienen la cualidad de sintetizar con un par de palabras conceptos que uno lleva como diez o veinte años intentado aterrizar. Dijo algo así: "El problema de Colombia es que vivimos inmersos en el imaginario jurídico".
Me acordé de una ya lejana tarde a mediados de los años 80 en su oficina en el Inderena (el instituto que se encargaba del tema ambiental antes de la creación del ministerio) y mirando un mapa donde estaban localizados los parques nacionales, las reservas forestales, las zonas de colonización y las sustracciones a la reserva forestal, Andrade exclamó con sorna:
-Este es el mapa del daño jurídico de la Nación.
Daño jurídico de la Nación. Imaginario jurídico. Qué buenas frases.
Antes de continuar, una aclaración. Por fortuna existen en Colombia abogados y juristas que, en vez de dedicarse a demandar a la Nación para hacerse multimillonarios, como el ex ministro aquel, han trabajado incansablemente para legislar y reglamentar temas relacionados con medio ambiente, pero también con derechos humanos, protección de las minorías, violencia intrafamiliar, desplazados, víctimas de la guerra... Qué maravilla que en Colombia existan o hayan existido Eduardo Umaña Luna y Eduardo Umaña Mendoza, Gustavo Gallón, Catalina Botero, Rodrigo Uprimmy... De alguna manera ellos y miles más que no conozco, o cuyos nombres ahora se me escapan, han permitido que gracias a las herramientas que ellos han desarrollado y trabajado en el país se hayan evitado colapsos mucho peores.
Pero lo anterior no contradice para nada la tesis de Andrade. El imaginario jurídico muchas veces ha evitado que se lleven a cabo iniciativas, que se adelanten debates o ha circunscrito esos debates a las posibles interpretaciones de un decreto.
Un ejemplo que de pronto ayuda a explicarlo es la fumigación de los cultivos ilícitos. El debate técnico sobre las posibles consecuencias de la fumigación siempre termina en un considerando de corte leguleyo: no se ha demostrado que el glifosato afecte la salud humana. Aunque en medio ambiente existe el principio de la precaución, es decir, que no se utiliza una sustancia o se lleva a cabo una acción hasta que esté demostrada su inocencia, el debate de la fumigación lo gana el argumento legal: mientras no se demuestre su culpabilidad, el glifosato tiene vía libre.
Derrotado el debate científico y técnico, los ambientalistas echan mano del único recurso jurídico disponible, el que al menos les permite salir al rescate de poco más del diez por ciento del territorio colombiano: el sistema de Parques Nacionales Naturales.
Los encargados de la fumigación acatan la orden judicial ("por ley está prohibido fumigar dentro del área de los Parques Nacionales Naturales") y sus avionetas y helicópteros siguen su faena aun en el borde mismo de los parques. Si el viento dispersa el veneno o se contaminan aguas que más adelante entrarán a un área protegida, no importa. Se está cumpliendo la ley. El imaginario jurídico no tiene en cuenta zonas de amortiguación, no sabe nada de procesos biogeoquímicos en la atmósfera o el subsuelo, el imaginario jurídico solo se atiene a una consideración: la margen derecha del río Don Diego no se puede fumigar porque forma parte del Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta pero la izquierda sí, porque está por fuera del parque. Es el mismo río, el mismo ecosistema... eso no importa. No se está violando la ley.
Y así en todos los órdenes.
Ley y justicia, ley y verdad... muchas veces están tan alejadas como Mercurio de Plutón. Es bueno que existan leyes, es bueno acatarlas. Pero también es importante tener claro que muchas veces la ley está en contravía de los verdaderos intereses de la sociedad. Una cosa es el imaginario jurídico que nos hace sentir orgullosos herederos de ‘El hombre de las leyes‘ y otra muy distinta esta sociedad que se desangra en medio de trámites administrativos, micos parlamentarios, reformas tributarias, personerías jurídicas, RUT y demás pesadillas que nos impone el imaginario jurídico a nombre de la verdad y la justicia, de la libertad y el orden.