Una de las principales personas en contra del acuerdo es la senadora María Fernanda Cabal.
Pese a que han sido muchos los líderes que han luchado por proteger el medioambiente de Colombia, aún falta demasiada protección para cuidar la fauna y flora del país.
Con relación a las coyunturas que se han presentado en torno a este tema, surgió el acuerdo de Escazú, cuyo objetivo es que los ciudadanos puedan participar en asuntos ambientales, según la directora del Observatorio de Economía Circular de la Universidad de la Salle: “esta es una herramienta internacional que busca mejorar la participación ciudadana en temas ambientales y en la protección de los derechos de quienes son líderes en el tema”.
Entre los objetivos principales del acuerdo están:
1. Proteger a las personas que defienden el ambiente y prevenir los conflictos ambientales.
2. Acceso a la información ambiental de manera transparente, así como su forma de divulgación y desarrollo.
3. Que las personas involucradas en actividades que pueden afectar el ambiente participen en estas desde el principio.
4. Salvaguardar la biodiversidad en tiempos de emergencia climática.
Es importante mencionar que este acuerdo ha sido ratificado en 13 estados de Latinoamérica y el Caribe, mientras que en nuestro país, hasta el día de ayer, el Senado de la República lo aprobó en segundo debate.
Los países que ya ratificaron este tratado son Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.
En el encuentro se obtuvieron 74 votos a favor y 22 en contra y fueron muchos quienes expusieron sus argumentos sobre por qué estaban a favor o en contra de que Colombia ratificara el acuerdo.
Es importante resaltar que el país firmó en el año 2018 el acuerdo, pero como hasta el momento no se ha aprobado, todavía no tiene efectos legales en el país porque el Congreso todavía no lo ha añadido a las normativas nacionales.
Una de las personas que expuso contundentemente que está en contra de este proceso fue la senadora María Fernanda Cabal, quien durante el debate expuso: “aquí no vuelve a haber un puente, un túnel, una obra civil, ni siquiera los indígenas y los negros van a tener prevalencia con su consulta previa, porque va a llegar una ONG a decir ‘usted está afectando el medioambiente’”.
Así mismo, aseguró que todo se trataría de una mentira: “Escazú es un gran engaño, que no suple la tragedia de los cultivos de coca que causan la muerte de activistas y líderes... El acuerdo pone en riesgo nuestra soberanía nacional y da paso a las cortes internacionales para que interfieran en asuntos jurídicos del país”, concluyó Cabal.
De igual manera, la senadora aseguró en el diario El Tiempo que es casi seguro que se afecte la soberanía, teniendo en cuenta que es la primera vez que se fusionan los derechos humanos y los ambientales, lo que a su vez podría afectar en el interés de las empresas en invertir en el país.
Por su parte, Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, expresó: “en Colombia no existen herramientas legislativas, para proteger los derechos ambientales. Es necesario poner en marcha el Acuerdo de Escazú, el cual debe tener un trámite prioritario en ambas Cámaras”.
Por su parte, la asesora política climática de EarthRights International, quien dialogó con el diario El Tiempo: “Es una lástima que se siga dando esta campaña de desinformación, algo que no ha pasado solo en Colombia, sino que ha sido generalizada en toda la región con argumentos muy parecidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene nada que ver con Escazú, entonces creo que hay mucha desinformación. Creo que el debate que está sucediendo ahora en el Senado y que se va a llevar ahora a la Cámara es una oportunidad para que los colombianos, los representantes y los senadores, se informen acerca de lo que sí es Escazú”.