A pesar de que sabíamos que iba a ocurrir, nada fue premonitorio la mañana del 9 de agosto de 1994, en la que militares y paramilitares asesinaron a mi padre, Manuel Cepeda.
A pesar de que sabíamos que iba a ocurrir, nada fue premonitorio la mañana del 9 de agosto de 1994, en la que militares y paramilitares asesinaron a mi padre, Manuel Cepeda. El sol bañaba de luz la fría Bogotá, y él salió, como siempre, afanado por llegar puntual a un debate en el Congreso. Casi a diario me acercaba a la Universidad Javeriana, donde yo trabajaba como profesor. Ese día, sin embargo, no salimos juntos. Él iba a cumplir una cita con la paz. Se discutiría en el Senado la ratificación del Protocolo II adicional a los convenios de Ginebra. Era la razón por la que mi padre se había esforzado en los últimos meses. Creía significativo que Colombia adoptara los instrumentos del Derecho Internacional Humanitario. No pudo llegar a esa discusión. Se devolvió dos veces porque había olvidado varios documentos, y luego no volví a verlo con vida.
Recordar ese momento ahora es especial, porque guarda similitudes con lo que estamos viviendo en Colombia. Mi padre jugó un papel relevante en calidad de mediador para que la guerrilla de las Farc, el gobierno de César Gaviria, que terminaba, y el de Ernesto Samper, que recién empezaba, se pudieran sentar a dialogar en una mesa de conversaciones para llegar a un acuerdo de paz. Primero, ese intento se hizo con la presencia de mi padre en Caracas, Venezuela, en un esfuerzo que no pudo tener éxito. Se interrumpieron esos diálogos, y hubo un segundo momento en Tlaxcala, México. Al comenzar el gobierno de Samper, se vislumbraba una posibilidad real de avanzar en los diálogos. Mi padre jugaría un papel significativo en ese contexto. Frustrar ese papel fue uno de los móviles de quienes lo asesinaron.
La idea de que lo mataran era un pensamiento que me rondaba de manera constante. Las amenazas que antecedieron su muerte incrementaron de forma notoria. Se hablaba de un plan contra los líderes de la UP que se denominaba “golpe de gracia”, y ya el dirigente del Partido Comunista José Miller Chacón, una de las personas que aparecían en la lista que se denunció ante el presidente Gaviria, había sido asesinado en diciembre del año anterior. Estaban amenazados Aída Avella, Álvaro Vásquez, Hernán Motta y otras personas que sobrevivieron al genocidio de la UP.
Las amenazas a mi padre eran constantes, casi diarias. Llegaban informaciones sobre seguimientos en su contra y posibles planes para terminar con su vida. El ambiente era muy tenso. Tan angustioso que después de las elecciones de 1994, luego de ser elegido al Senado, aceptó salir del país. En contra de su voluntad, porque no quería irse ni siquiera a tomar un descanso para disipar un poco la situación. Como tantos otros líderes y miembros de la UP, creía que su deber era, con estoicismo, resistir y no irse. En junio visitó a mi hermana María en Grecia, donde conoció a su nieta recién nacida. María y él conversaron, eludiendo mencionar la convicción profunda que ambos tenían de que venía el desenlace inevitable. Ese fue su último encuentro.
A su regreso de Europa, intentó darle a nuestra cotidianidad un ambiente de tranquilidad a pesar del peligro que nos rodeaba. En la víspera de su asesinato hicimos presencia en el acto que se efectuó en el Hotel Tequendama al que asistió Fidel Castro. Se encontraba en Bogotá junto con otros jefes de Estado para la posesión del presidente Ernesto Samper. Fue un acto memorable, porque Fidel narró cómo había vivido el 9 de abril de 1948 y recapituló, a partir de ese recuerdo, su relación con Colombia.
Eran las 7:30 de la mañana del día fatal. Poco tiempo después de que salió mi padre, salí con rumbo a la Universidad Javeriana a una reunión con el decano de la Facultad de Filosofía. En medio del trayecto, vi el tumulto en la avenida Las Américas. Por un instante pensé que era un accidente, pero al acercarme encontré que mi padre yacía en su vehículo. A pesar de haber albergado en mi mente tantas veces la posibilidad de que eso pasaría, el momento fue devastador.
Años después, confirmé el relato hecho por una testigo y que siempre me pareció inverosímil: en el libro Mi confesión, el jefe paramilitar Carlos Castaño se ufanaba de haber estado en la escena del crimen, y que este fue planeado con rigor excesivo. Es posible que cuando llegué al lugar, me haya cruzado con él sin saberlo. Fue escalofriante ver el nivel de organización que rodeó el asesinato de mi papá, y la coordinación que para llevarlo a cabo hicieron militares y paramilitares del nivel más alto.
Tiempo después, en una visita que realizamos varios defensores de derechos humanos a Diego Fernando Murillo alias ‘Don Berna’, en una cárcel de Estados Unidos, el exjefe paramilitar me pidió perdón por el crimen de mi padre, a lo que le respondí que valoraba esa petición, pero que tendría sentido el día en que le contara la verdad a las autoridades. Lo hizo luego en una declaración y habló de la presunta responsabilidad en el crimen de José Miguel Narváez, exsubdirector del DAS, quien, a la fecha, es procesado por la justicia.
Hoy, cuando vemos con esperanza que se lleva a cabo un proceso de paz, con muchas posibilidades de llegar al acuerdo que le ponga fin a la guerra, no dudo de que si Manuel Cepeda estuviera vivo, estaría intentando mediar y aportar a la terminación del conflicto armado.
A pesar de que en Colombia asesinan a quienes quieren construir la paz, confío en que nos estamos aproximando al final de esa fatal conclusión.