El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tomó la decisión.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró nulo el nombramiento de Diego Molano como ministro de Defensa, realizado por el presidente Iván Duque en febrero de 2021. Según las primeras informaciones los encargados tomaron la decisión porque, aparentemente, se presentó una vulneración de la ley de cuotas.
El alto tribunal concluyó que su elección fue realizada de manera ilegal y le ordenó al presidente nombrar un nuevo jefe en esa cartera. Cabe recordar que Diego Molano ha recibido graves señalamientos recientemente por la muerte de once personas en una operación del Ejercito en Alto Remanso, municipio de Puerto Leguízamo en Putumayo.
Según la sentencia, Iván Duque estaba obligado a nombrar al menos en el 30 % de cargos de máximo nivel en ministerios, a mujeres, es decir, que más allá de las inconsistencias o los señalamientos, el motivo de la decisión del Tribunal fue el exceso de nombramiento de hombres en los ministerios.
Felipe Alirio Solarte de la Sala Primera, que funge de magistrado, avaló a los demandantes que argumentaban el incumplimiento de la Ley 581 del año 2000.
“Se accederá a la petición de nulidad del Decreto 134 del 6 de febrero de 2021 (...) y se ordenará al Presidente de la República para que, al hacer un nuevo nombramiento, éste cumpla con las disposiciones de la Ley 581 de 2000, pues está obligado a nombrar, al menos el 30 % de los cargos al máximo nivel decisorio en los Ministerios, a mujeres”, se observa en el documento de la decisión.
Cabe recordar que para febrero de 2021 De justicia, Humanas, Sisma Mujer y la Red Nacional de Mujeres demandaron los decretos que nombraron a varios ministros hombres con el fin de incluir mujeres en el gabinete del Ejecutivo.
En el momento en que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca recibió la demanda, argumentaron desde el Gobierno que el 30 % de los puestos ministeriales que correspondían para las mujeres, a su juicio, estaba garantizado para las cinco ministras de ese momento: Mabel Torres en Ciencia, Ángela María Orozco en Transporte, Karen Abudinen en las TIC, María Victoria Angulo en Educación y Claudia Blum en la Cancillería.
Desde el fallo añadieron que el Estado tiene la obligación de tener políticas a favor de grupos históricamente marginados o excluidos, con el fin de garantizar la plena libertad de derechos para todos y todas, con el apoyo de mecanismos jurídicos.