La dura pena que recibirá uno de los uniformados involucrado en el asesinato de estudiante de derecho en un CAI

El uniformado de la Policía Nacional Harvy Damián Rodríguez Díaz fue declarado responsable de los delitos de homicidio y tortura, juntos agravados.

Ante la contundencia de las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal especializado de Bogotá condenó al patrullero Harvy Damián Rodríguez Díaz a 40 años de cárcel y lo declaró responsable de los delitos de homicidio y tortura, ambas conductas agravadas, en contra del estudiante de derecho Javier Ordoñez Bermúdez en hechos sucedidos el 9 de septiembre de 2020.

Durante todo el procedimiento judicial, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos demostró que el procesado participó en el procedimiento policial en contra de Ordóñez Bermúdez, donde fue reducido de manera violenta y se le sometió con varios electrochoques ocasionados con un taser.

Además, se estableció que coordinó el traslado del estudiante de derecho al CAI de Villa Luz, en la localidad de Engativá (Noroccidente de Bogotá), donde se presentaron otras agresiones físicas que desencadenaron en su muerte, según el informe de necropsia realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Por lo anterior, la Fiscalía General de la Nación probó que el entonces patrullero de la Policía Nacional actuó de manera desproporcionada contra Ordoñez Bermúdez, quien se encontraba en estado de indefensión. Adicionalmente, lejos de la misión constitucional que le asistía, no evitó el fatal desenlace y fue partícipe del lamentable hecho.

Por su parte, el otro uniformado involucrado, Juan Camilo Lloreda, sí aceptó su responsabilidad en los hechos y por eso recibió una condena menor a 20 años.

Recordemos que los hechos ocurrieron en septiembre de 2020 cuando uniformados capturaron al estudiante de derecho y se llevaron a un CAI donde fue sometido a todo tipo de torturas que terminaron en su muerte.

Autoridades lograron recopilar testimonios que verificaron que los uniformados sí habían tenido actos desmedidos. En menos de un mes, los investigadores de la Fiscalía tenían identificados a los uniformados que participaron en el procedimiento y tras escuchar algunas declaraciones y revisar los videos de seguridad, lograron determinar la presunta responsabilidad que tendrían en la agresión que justamente llevó a la muerte al estudiante de derecho.