A esta altura del paseo, parece más difícil y costoso, económica y políticamente, echar al traste los acuerdos de paz con las Farc que llevarlos a buen puerto. Las grandes “pelas” ya se las dio el gobierno de Juan Manuel Santos: desarmar el aparato militar de la guerrilla, crear el andamiaje de la Jurisdicción Especial de Paz, garantizar la participación política de los desmovilizados, todo está hecho. El capital político que costó implementar esta primera fase de los acuerdos, que no fue poco, ya se invirtió a costa de la imagen de Santos; retrotraerla implicaría para el presidente electo Iván Duque comenzar su mandato cediendo buena parte de la gobernabilidad que, a priori, pareciera tener garantizada en el Congreso. Los colombianos ya nos tragamos los sapos de lo acordado y ahora que los digerimos pueden ser difíciles de regurgitar.

Y qué decir del blindaje que hoy tienen los pilares fundamentales de los acuerdos de paz. Más allá de los mecanismos jurídicos previstos para salvaguardar lo pactado, el gobierno Santos, en cabeza de la canciller, fue hábil en convertir en un imposible, a los ojos de la comunidad internacional, el hecho de romper con el eje transversal del proceso de paz. La operación diplomática desplegada para lograr el apoyo unánime del mundo frente a los acuerdos le quita margen de maniobra al nuevo gobierno para llegar a deshacer la esencia de lo alcanzado hasta ahora.

El gobierno Duque también tendrá que tener especial cuidado en la manera como aborda el tema de los acuerdos de paz porque tendrá que lidiar con la movilización social que, sin duda, será protagonista del escenario político durante los próximos cuatro años. El abrebocas de lo que se puede venir si la ciudadanía siente en riesgo la estabilidad de la paz se vio cuando los estudiantes se volcaron a las calles después del resultado del plebiscito para pedir que se avanzara en la implementación de los acuerdos.

A esto se suma la llegada de Gustavo Petro al Senado, tras haber obtenido más de ocho millones de votos en las elecciones presidenciales. El exalcalde, desde su discurso de concesión, dejó entrever que su estrategia para debilitar al nuevo gobierno y, de paso, preparar su plataforma para las elecciones de 2022, consistirá en llevar a la plaza pública el descontento de un sector de la sociedad colombiana. Tampoco se puede subestimar la habilidad de las Farc de movilizar a sectores sociales, especialmente campesinos, a las calles; lo demostraron cuando estaban en la ilegalidad y no dudarán en hacerlo de nuevo como partido político, ante cualquier asomo de que se incumplirá lo ya acordado.

Por supuesto que no se puede ignorar que Duque llegó a la Presidencia con el claro mandato de hacer cambios a lo acordado, sustentado en más de 10 millones de votos y en el resultado del plebiscito del 2 de octubre de 2016; sin embargo, ese mandato parte de la premisa de “no hacer trizas los acuerdos”, tal y como lo planteó el presidente electo durante toda la campaña. Ese compromiso implica de forma tácita no acabar con la participación política de las Farc, con la Jurisdicción de Paz o pretender ver a los exguerrilleros con una piyama de rayas, detrás de unos barrotes.

Pero así como Duque tiene que entender que es inviable borrar con el codo lo acordado, quienes defienden los acuerdos, empezando por las Farc, también tendrán que aceptar que el escenario político de hoy es distinto al de hace cuatro años; resistirse al hecho de que vendrán cambios a lo acordado en La Habana y cerrarse al diálogo no solo es desconocer una nueva realidad, sino que puede polarizar aún más las posiciones, dándole el puntillazo final al proceso de paz.

Viene una mesa después de la mesa y en esta nueva negociación no solo estarán el gobierno y el partido de las Farc, sino los jóvenes, los militares, los que dijeron “no” en el plebiscito y los que dijeron “sí”, el expresidente Uribe, la comunidad internacional, las víctimas, el Congreso y las altas cortes. Durante los próximos cuatro años veremos el compromiso real del Estado y las Farc de consolidar la paz en medio de una altísima tensión política y social que marcará el camino del país para las próximas décadas.

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