El Congreso que se posesionó el pasado 20 de julio será histórico, no solo por la llegada de la Farc y la férrea oposición que liderará el excandidato presidencial Gustavo Petro, sino porque marca el fin de la imbatible coalición de gobierno con la que contó Juan Manuel Santos durante casi ocho años y que le permitió, sin mayores sobresaltos, llevar a buen puerto su agenda legislativa.

El presidente Iván Duque tomó la loable decisión de armar su gabinete sin consideraciones políticas; cumplió con su promesa de no repartir los puestos del Estado a los partidos que lo acompañaron durante la campaña presidencial, lo que cambiará por completo la relación que durante los próximos cuatro años tendrán el gobierno y el Congreso.

Ya tuvimos un abrebocas de lo que viene. El otrora sencillo acuerdo sobre las mesas directivas en el Congreso fue, en esta ocasión, una batalla política en la que el Partido de la U y Cambio Radical, que durante ocho años tuvieron una amplia representación en el Ejecutivo, le mostraron los dientes al nuevo gobierno y le anticiparon a la entrante ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez, que no tendrá fácil la consolidación de su propia “Unidad Nacional”.

Si Duque no da su brazo a torcer, esta relación tirante entre las ramas Legislativa y Ejecutiva abre la oportunidad histórica a un régimen parlamentario de hecho, en el que la deliberación en el Capitolio acaparará parte del poder que hasta ahora ha tenido la Presidencia de la República, por la vía de las transacciones burocráticas con los congresistas.

Sin embargo, en este escenario de empoderamiento parlamentario no será fácil que Duque logre imponer los proyectos necesarios para implementar su plan de gobierno. Su capacidad de persuasión para impulsar temas tan delicados como una reforma tributaria, una reforma pensional o las anunciadas modificaciones a los acuerdos de paz de La Habana tendrá que reemplazar la vieja práctica del voto por puesto que ha funcionado con tanta efectividad en el país.

En medio de este río revuelto, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras ha vuelto a asomar la cabeza, después de la dura derrota que sufrió en las elecciones presidenciales, para intentar reclamar una posición de poder. Su moneda de cambio en este caso es la poderosa bancada de Cambio Radical en el Congreso, sin la que Duque difícilmente podrá tramitar sus iniciativas. Junto a Vargas, el senador más votado de La U, Roy Barreras, ha demostrado que puede usar su influencia para inclinar la balanza en su partido, por lo que puede llegar a ser un gran aliado o un poderoso enemigo del gobierno entrante.

Con un congreso tan volátil, la figura de Álvaro Uribe será fundamental para el presidente Duque. Desde que llegó al Senado, en 2014, la voz del expresidente ha calado entre sus colegas. Tras desistir de su renuncia, el senador más votado de la historia del país tendrá que sacar todos sus pergaminos para mantener la cohesión de la bancada de gobierno, que sin duda se irá desgastando ante la falta de representación de los partidos en el gabinete.

La primera gran batalla que deberá dar el gobierno en el Congreso será la elección del próximo contralor. Históricamente, el guiño del presidente de turno ha sido fundamental para determinar quién ocupa ese cargo, que para algunos es el más poderoso en el Estado colombiano; sin embargo, en esta nueva dinámica, Duque se expone a que su visto bueno no incline la balanza, dejándolo a merced de los partidos.

Con este primer gabinete, Duque hizo una apuesta arriesgada. La patada que le dio al tablero con la designación de funcionarios sin casa política puede ser interpretada como un hecho audaz que envía un mensaje poderoso o como un acto de ingenuidad que mina su gobernabilidad. Los primeros cien días de gobierno serán fundamentales para determinar si estamos frente a una nueva era de la relación entre las ramas del poder público o frente al primer gran revés del nuevo presidente.

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