El país donde las familias de los presos deben pagar por su comida

Esta medida rige en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, en El Salvador, allí los familiares de los reclusos deben comprar comida, elementos de aseo como el papel higiénico y hasta ropa, pero nada debe ser del exterior del centro penitenciario.

De acuerdo con Infobae, desde diciembre de 2022 esta obligación se debe cumplir en varias cárceles de El Salvador, especialmente en Apanteos y en Izalco, adquiriendo los paquetes alimenticios y de insumos básicos una vez al mes por 170 dólares.

“Lo que compran por ese dinero son siete pequeños paquetes cuyos contenidos no aparecen detallados en las hojas que los carceleros han pegado en los muros de las prisiones. Los familiares solo saben que dan 35 dólares por alimentación, 15 por artículos de higiene, 30 por vestimenta, 20 por limpieza de área y 70 por misceláneos”, indica el medio de comunicación.

Además, encontró que los parientes de los prisiones no solo aportan para los paquetes obligatorios, sino también para un sistema de “tiendas institucionales” en las que depositan sumas de entre 5 y 150 dólares al mes para que ellos puedan tener derecho a un número de identificación y así tener la posibilidad de comprar al interior de los penales.

Sin embargo, los reclusos no pueden comprar a su antojo pues, según el reporte de ese medio, tiene que ser artículos de primera necesidad o en ocasiones darse algunos “lujos” como una Coca-Cola. “Todo lo compran a sobreprecio. Una Coca-Cola que afuera vale 2.50 dólares ahí la venden a 10 dólares″, le dijo a Infobae la pariente de un reo.

No hay manera de saber cómo se maneja el dinero

La investigación del medio también señala que es imposible saber en qué utilizan las autoridades penitenciarias de El Salvador el dinero que les entregan los familiares de los reclusos para verificar si son usados conforme a lo que establece la ley.

“No es posible saberlo porque el gobierno de Nayib Bukele ha declarado como reservada toda la información sobre las prisiones y sobre sus políticas de seguridad”, dice el informe.

Finalmente, menciona que al gobierno de Bukele deben estar ingresando unos 17 millones de dólares cada mes por esos cobros si se tiene en cuenta que desde marzo del 2022 hasta la actualidad, al sistema carcelario de El Salvador han llegado unos 64 000 presos que, según cifras oficiales, se han sumado a la población de unos 40 000 que ya existía antes del régimen de excepción decretado hace casi un año.